Caso planteado.
El litigio surge a raíz de un contrato celebrado a distancia entre un consumidor y un empresario, en este caso, un centro educativo. La parte demandante alega que la parte demandada, una madre en representación de su hijo menor de edad, incumplió el contrato al solicitar la baja del alumno sin cumplir con los términos establecidos.
Por otro lado, la demandada argumenta que el contrato en cuestión carece de información clara y precisa sobre derechos fundamentales del consumidor, tales como el derecho al desistimiento y las causas de baja justificada, lo que generó confusión e impidió que pudiera ejercer sus derechos adecuadamente. La demandada sostiene que no tuvo acceso a la información precontractual necesaria y que la información proporcionada post-contractualmente fue dispersa y contradictoria. Asimismo, afirma que la baja del menor se encuentra debidamente justificada por razones de salud mental y que, debido a la falta de información sobre el procedimiento de baja, se le debería haber permitido ejercer su derecho al desistimiento en un plazo ampliado.
Entre los principales puntos de controversia destacan:
- Falta de información clara y comprensible sobre las causas de baja justificada y su procedimiento.
- Falta de información sobre el derecho al desistimiento y las condiciones para su ejercicio.
- Contradicciones entre los documentos anexos al contrato y el propio contrato.
- Falta de comunicación clara por parte del centro educativo al momento de la solicitud de baja.
- Penalizaciones económicas impuestas sin desglose ni justificación clara de los perjuicios ocasionados.
Solución propuesta.
A la luz de los hechos expuestos, la solución propuesta por la parte demandada se basa en los siguientes argumentos:
- Nulidad de las cláusulas abusivas: Se solicita que las cláusulas contractuales que establecen condiciones de baja y penalizaciones sean declaradas abusivas por falta de transparencia y por generar un desequilibrio significativo en perjuicio del consumidor.
- Reconocimiento del derecho al desistimiento: Debido a la falta de información sobre este derecho, se solicita que se amplíe el plazo de desistimiento hasta la fecha en la que efectivamente se comunicó la decisión de abandonar el centro, permitiendo a la demandada acogerse a este derecho sin penalización alguna.
En conclusión, la demandada argumenta que el contrato presenta defectos de información que afectan el equilibrio contractual, lo que ha derivado en un perjuicio injusto para su representada. Se solicita que se reconozcan sus derechos como consumidora y que se declare la improcedencia de los cobros exigidos por la parte actora.
Resolución favorable para nuestro cliente.
La parte contraria procedió al allanamiento, dejando de reclamar una cuantía que ascendía hasta los 10.000 euros.
¿Has recibido una demanda de reclamación de cantidad? Desde nuestro área de Derecho Civil podemos ayudarte. Contacta con nosotros para más información.
